La planificación urbana es imprescindible para equilibrar la balanza entre la propiedad privada y las necesidades comunes de los habitantes de una determinada localidad o barrio. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre las ciudades? ¿Quién se encarga de llevarla a cabo?
Qué es la planificación urbana
La planificación urbana es el conjunto de normas e instrumentos técnicos redactados con la finalidad de ordenar el uso del suelo y regular en qué condiciones se puede transformar o conservar el terreno. Gracias a la planificación estratégica de las obras urbanas se puede establecer un modelo de ordenación para una ciudad, municipio o barrio dentro de una localidad.
Orígenes de los planes urbanos
El concepto de planificación urbana tiene un carácter político y sus orígenes son de tintes socialdemócratas. Los textos legales sobre este asunto se basan en principios del libre mercado. En ellos se garantiza el derecho a la propiedad privada dentro de los límites de un marco regulador. De la misma manera, este derecho puede estar enfrentado con otros intereses.
En España, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, es la base jurídica. Esta ley asegura la igualdad de todos los españoles frente al derecho de propiedad del suelo.
En 2015, llega el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, también conocida como Ley de Planificación Urbana, lo que supone un importante hito en el cambio de modelo de la política de la vivienda, procedente del Ministerio de Fomento. El objetivo es que haya un equilibrio entre la nueva construcción y la rehabilitación. Por otra parte, se pretende impulsar la eficiencia energética, eliminando trabas y creando un sistema más flexible.
Esta normativa formaba parte de la Estrategia Española de Rehabilitación en su momento, que fue valorada por la Comisión Europea como la mejor de la Unión Europea. Y llegó junto a las ayudas económicas del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler y la rehabilitación y de los fondos FEDER 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
El impacto de la Ley de Planificación Urbana en las ciudades
La normativa que regula el suelo español, como cualquier Ley de Planificación Urbana, puede poner en marcha mecanismos que afecten al derecho de la propiedad. Por tanto, cuando se lleva a cabo un proyecto de urbanismo en una ciudad, se establece, en primer lugar, en qué medida va a afectar a la propiedad privada y cuál es la viabilidad de los planes.
Teniendo en cuenta estos límites, la legislación vigente sobre planificación territorial y el urbanismo tiene un impacto positivo en el desarrollo de las ciudades, ya que permite establecer planes que incluyan unas exigencias mínimas de calidad. En consecuencia, además del derecho a la propiedad privada, cualquier plan urbanístico tiene en cuenta los siguientes factores:
- Condiciones, intensidad y variedad del uso que se hará del suelo.
- Tipología edificatoria.
- Densidades máximas y mínimas de población.
- Forma, dimensión y superficie por habitante, entre otros parámetros de los espacios públicos. Este factor es importante para garantizar la existencia de zonas verdes en las ciudades.
- Porcentaje de superficie que se va a destinar a equipamientos públicos, como colegios y hospitales, entre otros.
- Cesiones de suelo o aprovechamiento de terrenos libres de cargas y gratuitos para la administración.
¿Quién se encarga de la planificación urbana?
Está claro que la gestión de la planificación urbana requiere un organización política-administrativa. Y, a nivel técnico, puede haber distintos profesionales dentro de la elaboración de un plan estratégico de urbanismo, arquitectos, en su mayoría, pero también podemos encontrar geógrafos, ingenieros civiles y de transporte, entre otros.
En cuanto a la legislación, aunque contamos con la Ley de Planificación Urbanística para todo el territorio español, cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias al respecto. Por tanto, cuentan con una legislación urbanística que puede ser diferente al de otras comunidades. Esto convierte a la planificación urbana en una actividad pública en todo el territorio. Está permitido delegar esta gestión en empresas privadas cuando se realiza en una escala inferior al municipio, siempre y cuando la actividad esté controlada por la administración pública.
